Publicado el: 1 de septiembre de 2018 | 8:38 pm

NI PERDÓN, NI OLVIDO: FNLS

30 de agosto, Día internacional del detenido desaparecido: ¡NI PERDÓN, NI OLVIDO! ¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE COMETER LA DESAPARICIÓN FORZADA!Sierra de Zongolica y sus Valles a 01 de septiembre de 2018
PRONUNCIAMIENTO
A los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado
A los medios de comunicación
Al pueblo en general:

30 de agosto, Día internacional del detenido desaparecido: ¡NI PERDÓN, NI OLVIDO! ¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE COMETER LA DESAPARICIÓN FORZADA!
Para los miles de víctimas y sus familiares, para los luchadores y organizaciones del pueblo esta fecha es triste y emblemática, porque recordamos combativamente a los miles de víctimas objeto de desaparición forzada en nuestro país y de otras latitudes del mundo donde este flagelo se practica; por este indignante crimen, es un día en el que se ondea en lo más alto la exigencia de presentación con vida, justicia y verdad por cada detenido desaparecido y el castigo a los responsables.
La realidad de desapariciones forzadas que vivimos en nuestro país es escalofriante, la práctica de este crimen continúa, la indolencia del gobierno mexicano ante las voces de protesta y las recomendaciones de instancias nacionales e internacionales en materia de derechos humanos prueba que este crimen de lesa humanidad es política de gobierno y éste culminará con un saldo inconmensurable de víctimas.
El gobierno peñista está en su recta final, a lo largo de éste los costos para el pueblo son nefastos porque este sexenio se distinguió por su carácter antipopular, represivo, entreguista y ponderó el privilegio empresarial de una minoría depredadora caracterizada por su voracidad y una concepción reaccionaria.
Durante este sexenio, al igual que el de Vicente Fox y Felipe Calderón, el gobierno se sostuvo mediante el terrorismo de Estado, las pruebas están a la vista, hoy las víctimas de esta política fascista son la viva expresión del terror como política de gobierno que lacera al pueblo.
Este sexenio se caracteriza por cometer miles de crímenes de lesa humanidad contra los trabajadores del campo y la ciudad, cuya expresión son las desapariciones forzadas; las ejecuciones extrajudiciales, sangre del pueblo derramada por la violencia gubernamental; la tortura, que sufren los hijos del pueblo; la detención arbitraria e injusta de opositores al régimen y luchadores por el socialismo o activistas políticos o defensores de los derechos humanos, éste es el rostro real del sexenio que concluye, de este modo devela su carácter represor y antipopular.
El saldo en víctimas del pueblo es muy alto, la magnitud de los efectos de la ejecución del terrorismo de Estado da cuenta de la brutalidad de cómo el gobierno impuso las reformas neoliberales, es la expresión concreta del rasgo sistemático por el cual se ejecuta la violencia institucional contra las masas trabajadoras.
Las cifras que exponemos a continuación expresan la crudeza del terror y la gravedad del fenómeno, son datos ilustrativos de cómo el Estado mediante sus fuerzas policíaco-militares y funcionarios de las diferentes instituciones actúan con plena impunidad contra el derecho a la vida del pueblo.
La administración de EPN, según cifras conservadoras, es considerada la más violenta con un registro de 104 mil ejecuciones extrajudiciales y 37 mil desapariciones forzadas, crímenes de Estado que superan la administración de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa con 102 mil 586 ejecuciones extrajudiciales y 24 mil desapariciones forzadas.
Organismos defensores de los derechos humanos registran más de 151 mil ejecuciones extrajudiciales del 2006 al 2015, sin embargo, lejos de disminuir incrementaron con el sexenio actual con cien mil más.
Como parte de la política del terrorismo de Estado del 2006 al 2017 el gobierno mexicano mandata la salida a las calles de 540 mil 214 elementos del ejército mexicano y 100 mil marinos, cuerpos policíaco militares encargados de cometer graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ambos se exponenciaron en la medida que dichas corporaciones desataron la violencia gubernamental contra el pueblo.
Las cifras de víctimas muestran los efectos de la magnitud del terrorismo de Estado, éste como política de gobierno ha cobrado cientos de miles de detenidos desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente; si por cada denuncia de uno de ellos existen diez que no se hacen, la lista del terror sobrepasa el millón, y si se suman las víctimas indirectas, la violencia sistemática y generalizada que emana del gobierno se tasa en varios millones. De esa magnitud es el fenómeno de la violencia gubernamental, es decir, del terrorismo de Estado.
Con el ardid del combate al narcotráfico o la delincuencia organizada se ondeó la pérfida intención del Estado mexicano de imponer mediante la violencia institucionalizada los intereses de una minoría de grandes empresarios, que se materializó en el despojo violento y legalizado de tierras comunales y ejidales, de vivienda de trabajadores y pequeñas empresas, violencia ejercida a través de los cuerpos represivos y las instituciones del gobierno antipopular.
Estos hechos prueban que ninguna víctima o acto represivo es obra de la casualidad, por el contrario, así se observa cómo paso a paso se ejecutan los planes gubernamentales, lo cual, refuerza la tesis del carácter sistemático y generalizado de la violencia que emana de la clase en el poder.
Las pruebas son vastas, una de ellas es la militarización del país, usar el crimen organizado como pretexto para que el gobierno despliegue sus fuerzas policíaco-militares y en nombre de semejante falacia se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado, con esa sistematicidad se ejecutó el terror como política de gobierno.
El despliegue policíaco militar a lo largo y ancho de la geografía mexicana expresa también el carácter entreguista del régimen porque a través de la violencia de Estado se protegen los intereses empresariales, esta política alcanza su expresión más degradante cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, se desplaza de manera forzada a pueblos enteros, en otras palabras, es el despojo violento de tierras.
Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca, Puebla son algunas entidades federativas donde el Estado hace patente la violencia de clase mediante las fuerzas policíaco militares y paramilitares para proteger el capital transnacional, en este acto deleznable se cometen crímenes de lesa humanidad que a la vez son crímenes de Estado.
Mediante el terrorismo de Estado se implementa los designios imperialistas, este fenómeno alberga una de las causales por la cual, a la fecha continúa el incremento de víctimas en todo el país, se hace más evidente ahí donde las empresas transnacionales sientan sus reales para la industria extractiva.
La herida contra el pueblo trabajador que provoca la clase en el poder es profunda, por tal motivo no hay razón alguna para el perdón, hacerlo implica doblegar la indignación, renunciar a exigencia de justicia, es una salida falsa ante las crecientes voces que luchan por el castigo a los criminales de Estado, por lo tanto, es una herida que sigue abierta mientras no se enjuicie y castigue a los responsables de la violencia gubernamental.
Para los familiares de las víctimas, organismos defensores de los derechos humanos honestos y organizaciones populares debemos mantener la consigna ¡Ni perdón, ni olvido! Perdonar implica el paulatino abandono a nuestras exigencias, desmoviliza, cede el paso a la impunidad y al olvido; perdonar saltando el juicio y castigo es un llamado a la impunidad y al cometido de nuevos crímenes de lesa humanidad.
Con la fiebre poselectoral, desde diferentes posiciones de los políticos progubernamentales pretenden mediatizar el descontento de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, de esa manera se pretende diluir la responsabilidad de los diferentes gobiernos neoliberales en cada crimen cometido contra los hijos del pueblo.
El gobierno de Enrique Peña Nieto debe responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos en su administración; se le debe enjuiciar por mantener impunes a los perpetradores, ser omiso en las investigaciones, actuar por comisión y permitir el consentimiento o la aquiescencia para el cometido de dichos crímenes contra miles de proletarios en el país, la perversidad del gobierno mexicano expresa su carácter represivo y profascista.
Este 30 de agosto recordamos la lucha incasable de familiares por sus seres queridos detenidos desaparecidos, de personalidades progresistas y organizaciones populares que exigen justicia y castigo a los responsables, del esfuerzo invaluable de la memoria del pueblo por reivindicar este día que es producto de la lucha de diversos pueblos en el mundo.
Es una fecha que exige transformar el dolor en indignación y fortaleza política e ideológica en la exigencia de presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada del pasado y el presente, hombres y mujeres caídos por los organismos criminales del Estado por ningún motivo deben sepultarse con la impunidad, el miedo y el burocratismo.
Dejar de luchar por nuestros seres queridos sólo favorece al Estado, renunciar a nuestro derecho a la justicia y la verdad fortalece la impunidad como política de gobierno, la lucha es penosa, sin embargo, capitular permite que otros hijos del pueblo sean presa fácil del terrorismo de Estado y la desaparición forzada.
La unidad de los familiares, organismos defensores de los derechos humanos consecuentes, personalidades progresistas y organizaciones populares con carácter independiente es una necesidad inaplazable.
La exigencia de las víctimas, familiares, personalidades progresistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones populares es la misma, ¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy! Perdonar a los criminales de Estado ¡Jamás!, olvidar el terror contra el pueblo ¡Nunca!
No son sólo 43 los detenidos desaparecidos, son cientos de miles y todos son hijos del pueblo, en cada uno de ellos encontramos a un padre, a una madre, a un hijo, a un hermano, a un amigo, a un compañero de trabajo o de lucha que han sido trastocados por la violencia gubernamental, por tanto, una exigencia más y concreta es la ¡Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya! Su detención desaparición forzada revela la magnitud de la violencia que ejerce el gobierno mexicano contra el pueblo organizado.
Los luchadores por el socialismo exigimos también la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, detenido desaparecido por fuerzas represivas del gobierno mexicano. Exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en general y en particular la de los revolucionarios Gabriel y Edmundo no es un delito, es un acto de solidaridad que hace efectivo el derecho a la protesta popular.
En el fenómeno de la desaparición forzada por motivos políticos o sociales la verdad es necesaria, pero ésta sólo como condición para el juicio y castigo a los responsables de cada una de los cientos de miles de desapariciones forzadas tanto del pasado como del presente, una “verdad” sin juicio y castigo resulta en farsa y revictimización de las víctimas.
¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Alto a la militarización y paramilitarización del país!
¡Ni perdón, ni olvido! ¡Juicio a los responsables!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Frente Popular Francisco Villa, Independiente (FPFVI), Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 (AED-40), Colectivo Magisterial Leonel Calderón Villegas, integrante de la CNTE, Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Comité Cerezo México, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental (CODHHSO), Comité Monseñor Romero, Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme (TINAM), Union de Ejidatarios, Comuneros del Valle de Tuxpango (UECVT).

¡Por la unidad obrera, campesino y popular!
¡A impulsar y organizar la lucha por el socialismo!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

 

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