Published On: Jue, Jun 1st, 2017

INTEGRANTES DEL FNLS MARCHARON CONTRA CRÍMENES DE ESTADO

Ciudad de México a 30 de mayo de 2017

A las víctimas del terrorismo de Estado

A los defensores de los derechos humanos nacional e internacional

A las personalidades solidarias, honestas y progresistas

A las organizaciones populares, democráticas e independientes

Al pueblo en general

En el cierre de la Jornada nacional de lucha, las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡HASTA ENCONTRARLOS! en el marco de la Semana internacional del detenido desaparecido, el pueblo organizado nuevamente salimos a las calles para denunciar que el cometido de crímenes de lesa humanidad es una constante que lacera el pueblo trabajador, que la impunidad campea en todo el territorio nacional sin que el dolor de los familiares sea atendido y que las desapariciones forzadas no sólo no dejan de cometer, sino que cada vez las cifras van en aumento.

En este mismo marco se cumplieron 10 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el pasado 25 de mayo, caso que por muchos aspectos es definido como el más paradigmático, porque aún con la cerrazón de las autoridades federales conquistó importantes logros en materia jurídica, sin embargo, la demanda principal que es la presentación con vida sigue sin resolverse.

El solo hecho de cumplir una década en que el Estado mexicano mantiene en esta condición inhumana a ambos luchadores sociales es un significativo de que la práctica de cometer la desaparición forzada es política transexenal, porque ya transcurrió el sexenio de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto se encuentra en la recta final y hasta el momento no hay una muestra clara de presentarlos con vida, política gubernamental que es extensiva hacia los miles que se encuentran en esta deleznable situación.

La magnitud del terrorismo de Estado es de tal envergadura que desde distintas instancias se reconoce la existencia de este flagelo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documenta casi un millar de fosas clandestinas con una cantidad todavía incuantificable de restos humanos, lo que expresa que en su interior subyace el testimonio de la existencia de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial; la ONU a través de sus instancias en nuestro país, sentencia que la situación de violaciones de derechos humanos es “preocupante” y recientemente Amnistía Internacional señala que existen casos que son el botón de muestra de la impunidad, entre ellos el caso Cruz Sánchez y Reyes Amaya.

No es casual que organismos de esta calidad hagan tales señalamientos, algunos quizá más forzados por el curso de los acontecimientos se ven obligados a fijar su posición política, no obstante, en cualquiera de los casos, lo que queda demostrado es una cosa: Es el Estado mexicano el responsable del incremento exponencial de los crímenes de lesa humanidad; son las fuerzas represivas como el ejército, la marina y las distintas policías las encargadas de objetivar tan abominables crímenes.

El origen de clase proletaria de las víctimas es el indicativo para despejar toda duda sobre el carácter de burgués de la violencia; entre los miles de víctimas no se encuentra a ningún funcionario de la cúpula política, mucho menos a un connotado empresario u oligarca, tampoco a un miembro de las fuerzas represivas de alto rango, por lo tanto, el objetivo es claro, son las masas proletarias, es el pueblo trabajador, independientemente si se encuentra organizado o no.

Una década de lucha es al mismo tiempo, la temporalidad en que el Estado mantiene en esta condición inhumana a ambos luchadores sociales, es la prueba fehaciente de que las desapariciones forzadas se encuentran en un proceso de generalización, ya no son sólo las convicciones políticas las que se quiere quebrantar, sino que se pretende eliminar la capacidad creativa del ser humano a través del terror, para imponer a sangre y fuego la voracidad oligárquica.

En el caso de los Edmundo y Gabriel Alberto está claro que el cometido del crimen en su contra es por sus convicciones políticas con la que se condujeron en la lucha de clases, por su militancia en el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), por lo que es la expresión cualitativa del fenómeno, donde se objetiva la esencia del régimen represivo, antipopular y profascista; porque es con el cometido de un crimen de lesa humanidad como se pretende detener el avance del descontento y la organización popular.

Este 2017 varios casos cumplirán de igual manera una década de haberse cometido, entre ellos, el de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); el defensor de los derechos humanos Francisco Paredes Ruiz; el indígena chatino Lauro Juárez; los 32 petroleros de Cadereyta Nuevo León, entre otros, hecho que no es circunstancial, sino que devela la sistematicidad con se ejecutan los crímenes de lesa humanidad.

Desde hace 10 años advertíamos la escalada de la violencia institucional y que ésta ya no sólo se ejecutaba contra luchadores o activistas políticos, sin embargo, aún permeaba en el ideario colectivo la concepción de que los crímenes de lesa humanidad eran cosa del pasado o en su defecto, tenían origen en una sobredimensionada delincuencia organizada. Los hechos hoy son más contundentes, son miles de hombres y mujeres alcanzados por este flagelo, más de un centenar de periodistas a quienes hoy los identifica ser víctimas del terrorismo de Estado.

Durante el desarrollo de la jornada nacional de lucha pudimos constatar que los miles de víctimas son hijos del pueblo, sobre quienes se pretende tender el estigma de pertenecer a un “cartel o grupo delincuencial”. Particularmente en el estado de Veracruz, en las regiones donde existe el interés de empresas trasnacionales, son los lugares donde los crímenes se incrementan exponencialmente.

La razón de que hasta el momento haya pocos casos documentados, que pocas familias se atrevan a denunciar o imposibilidad de arribar a la coordinación y unidad entre las víctimas, es que desde el Estado conduce perversamente a los familiares transitar en la ruta de defensa de “su” familiar, porque si se relaciona con otros casos, puede ser más difícil conseguir la justicia. Versión que es muy socorrida sobre todo en los casos de desaparición forzada por motivos sociales, porque se cree ingenuamente que aquellas que se cometen por motivos políticos sí estaban contra el gobierno, por lo tanto, “quizá” tengan merecido en castigo.

No se trata de hacer una separación mecánica entre uno y otro tipo de desapariciones forzadas, es con el ánimo de establecer los aspectos particulares en cada una de ellas, para entender la generalidad, es decir, todas las víctimas, independientemente del sector social, sus convicciones políticas o su forma de lucha, forman parte de las masas proletarias, y es así como debemos de reconocerlas.

En un contexto de generalización de los crímenes de lesa humanidad, es meritorio tomar con particular atención la relación perversa que existe entre el poder económico y el poder político, es en esta esencia donde se cruza inexorablemente la necesidad de imponer a sangre y fuego la voracidad de una minoría empresarial, de una cúpula oligárquica, que pretende sostener el régimen neoliberal a través del terrorismo de Estado.

El Estado mexicano representado en estos momentos por Enrique Peña Nieto no sólo no abona a resarcir medianamente el daño a las víctimas, sino que profundiza aún más la herida con el cometido de más crímenes; tal es el caso de toda la campaña de represión ejercida contra nuestra, que tuvo una agudización a partir de 2015 cuando realizamos una serie de actividades para dar a conocer los avances en el proceso jurídico y político contras las desapariciones forzadas en nuestro país.

A 10 años, a exigencia es la misma, presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, en particular de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; cumplimiento cabal e inmediato de la resolución judicial 29/2014 y la recomendación de la CNDH 7/2009.

Con el cometido de más crímenes se pretende coartar la capacidad de respuesta creativa del pueblo, con el terror se quiere inhibir la organización popular, con el dolor permanente se incentiva quebrantar la dignidad humana de familiares y amigos, con la violencia institucional se intenta descobijar de la solidaridad a las víctimas, sin embargo, a pesar de todo lo real que significa el dolor, la solidaridad es vasta que rompe con paso firme la indiferencia, el temor para dar cauce a las acciones políticas de masas.

En una década hemos recorrido junto con familiares, personalidades progresistas, organizaciones populares hermanas y de derechos humanos cada uno de los caminos que permite la acción de la denuncia política, indagamos por los resquicios que deja el actual estado de derecho, sin embargo, la respuesta es impunidad e inmunidad para los perpetradores, por lo que a los explotados y oprimidos nos queda el camino de la organización popular.

A 10 años, continuamos firmes sin desistir ¡HASTA ENCONTRARLOS!

Fraternalmente

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy!

¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

¡Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!

¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!

¡Juicio y castigo a los responsables de la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz!

Por la unidad obrero, campesino y popular

 

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS

 

Hazte seguidor de Noticias LaNigua

1.-Entra en el siguiente link: https://www.facebook.com/pages/La-Nigua/253607161387469

2.-Haz click en el botón "Me Gusta".

3.- Haz click en el botón "Recibir Notificaciones" y listo, recibirás información todo el día en tu perfil, gratis.
Puedes invitar a otros amigos

 

About the Author