Published On: jue, Jun 14th, 2018

MARISOL ARRÓNIZ RECIBE EL APOYO DE ABOGADOS

– Candidata ciudadana a diputada federal presenta propuesta para mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia

Córdoba, Ver.- Con capacitación y un mayor presupuesto, el sistema de procuración e impartición de justicia del país podrá responder con mayor eficiencia a los ciudadanos, reduciendo los índices de impunidad y favoreciendo la cultura de la denuncia, dijo Marisol Arróniz, candidata ciudadana a diputada federal, al reunirse con integrantes de tres agrupaciones de abogados.

Encabezados por Heidi Zamorano Ardón, Pablo Martínez Rodríguez y Luis Mariano Valerio, los litigantes expresaron su beneplácito y aceptación a la propuesta de Marisol Arróniz, a la vez que reconocieron su trayectoria desde la sociedad civil y representar así la mejor opción ciudadana para ser la próxima diputada del Distrito 16 con cabecera en Córdoba.

En este sentido, refirió que como legisladora buscará que se destine una partida especial para la capacitación de quienes integran las Fiscalías y los Juzgados, para que el nuevo sistema de justicia penal cumpla con sus objetivos, que se basa en la presunción de inocencia del acusado y el respeto a los derechos humanos.

“El nuevo sistema exige actualización profesional gratuita en todos los ámbitos jurídicos, desde los jueces, fiscales, litigantes y auxiliares de la impartición de justicia, así como de los cuerpos policíacos, porque en muchos casos por errores en el proceso no llegan a la cárcel quienes cometen un delito”.

Ante los profesionales del Derecho, Heidi Zamorano dijo a Marisol Arróniz: “eres una idealista, una persona aguerrida, aunque a veces los idealismos no les gusta a la gente”, a lo que la candidata respondió, “ser idealista no es un defecto, es una virtud”.

Para combatir la impunidad y como parte de la plataforma de la coalición “Por México al Frente” que establece cero tolerancia a la corrupción, la bancada que integrarán el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano propondrán cárcel y muerte civil para los servidores públicos que cometan un acto grave de corrupción, es decir, inhabilitación de por vida para volver a ocupar un cargo público.

Asimismo, una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción autónomas e independientes, para que quien las encabece sean personas que cuenten con sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia; además, transparentar la actuación de los juzgados, de la administración y procuración de justicia y del poder judicial en general.

 

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