Publicado el: 11 de mayo de 2018 | 11:49 am

GOBIERNO DE COLOMBIA RESPONDE CRÍTICAS CRÍTICAS DE FISCALÍA POR TRASLADO DE EXGUERRILLERO

© AFP 2018 / Yamil Lage

BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia defendió que el traslado del exguerrillero de FARC, Jesús Santrich, realizado el jueves de un hospital a una sede de la Conferencia Episcopal, en Bogotá, luego de que la Fiscalía cuestionara dicho movimiento.

El “caso de Santrich no es el primero en el que un miembro de FARC sale de una cárcel para estar en otras condiciones de reclusión. En 2007 Gobierno de entonces ordenó traslado de Rodrigo Granda de cárcel Doña Juana en La Dorada, Caldas (centro), a la Conferencia Episcopal”, escribió el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en su cuenta de la red social Twitter.

Las declaraciones de Botero se dieron luego de que la Fiscalía de Colombia indicara que fue notificada del traslado de Santrich, pero no se le consultó si estaba de acuerdo con que el exguerrillero saliera del Hospital El Tunal.

Santrich estaba en el hospital desde el 26 de abril debido a una huelga de hambre que todavía mantiene.

Además, Gil Botero publicó una carta que le fue entregada a la Fiscalía “en la que quedó explícito que se consultó con esa institución traslado de Santrich y ésta no especificó un lugar en el que debía permanecer, únicamente indicó que debía tener estrictas medidas de custodia como efectivamente tiene”.

Por su parte, el viceministro de Justicia, Carlos Medina, subrayó que el trasladado se cumplió “en el marco de lo permitido”, y que con la decisión se busca “dar garantías para que Jesús Santrich no se muera”, según declaraciones publicadas por el diario local El Tiempo.

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De igual forma, precisó que el exjefe guerrillero está custodiado tanto por guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como por miembros del Ejército, por lo que “no es en sí mismo una amenaza”.

Santrich, cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucis Hernández Solarte y quien participó en el Acuerdo de Paz en La Habana, fue detenido el 9 de abril en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia.

La detención del exguerrillero se realizó luego de que Interpol (Policía Internacional) expidiera, a través de una circular roja, una orden de captura internacional, con miras a la extradición que solicitaría el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Santrich comenzó una huelga de hambre desde ese mismo día en los calabozos del búnker de la Fiscalía, en Bogotá, de donde fue llevado después a la cárcel La Picota.

Sin embargo, debido a su estado de salud, guardias del Inpec lo trasladaron el 26 de abril desde La Picota hacia el Hospital El Tunal, de donde salió anoche hacia la Fundación Caminos de Libertad.

El traslado se dio por mediación de una comisión humanitaria en la que participó la Iglesia Católica y la Misión de la ONU en Colombia con el objetivo de que el exguerrillero no regrese a la cárcel, pero también para preservar su salud.

De acuerdo con las autoridades, a Santrich se lo acusa de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU a un precio convenido de 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos de junio a abril.

Sin embargo, el exguerrillero y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) sostienen que el pedido de extradición se trata de un montaje conjunto entre el fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, y el Gobierno de EEUU para afectar la implementación del acuerdo de paz y llevar a los líderes de FARC ante los tribunales estadounidenses.

De ser hallado culpable por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, Santrich pasaría a la justicia ordinaria, que puede avalar su extradición a EEUU por delitos cometidos después de la Firma del Acuerdo Final de Paz.

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En EEUU, el exguerrillero podría ser sentenciado a una pena de diez años en prisión o cadena perpetua.

 

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