Published On: Jue, Sep 7th, 2017

AL LÍMITE, AUTORIDADES DE VERACRUZ PARA EVITAR SE DECRETE LA SEGUNDA ALERTA DE GÉNERO

Urge compromiso Estatal para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres

Es Tiempo de actuar, “necesario realizar de fondo acciones que reviertan los efectos negativos contra las mujeres”: ONG

Veracruz, 7 de septiembre de 2017.- El artículo cuarto constitucional del Estado de Veracruz establece la igualdad entre hombres y mujeres, y que las autoridades están obligadas a generar las condiciones para el goce de los derechos humanos de las personas, cuya violación implicará sanciones.

En ese sentido, organizaciones, colectivos y defensoras de los derechos humanos, hacemos un llamado a las autoridades estatales para el cumplimiento a las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), luego de la emisión del Informe del Grupo de trabajo emitido un año después de la solicitud de Alerta de Género por Agravio comparado en Veracruz.

El 10 de marzo de 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), notificó al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, las recomendaciones para poner fin a las afectaciones graves a la salud reproductiva de las mujeres veracruzanas. Dichas recomendaciones fueron aceptadas por las autoridades, quienes se comprometieron a revisar y atenderlas, como lo expresó el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yúnes:

“En mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo, cumpliendo mi deber garante y resaltando el compromiso de mi gobierno con mujeres y niñas, a fin de lograr una vida digna, en la cual pueden disfrutar libremente de sus derechos de manera segura y sin limitante alguna, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 cuarto párrafo, del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, manifiesto la aceptación de las propuestas del informe realizadas al Estado […]”.  Asimismo, el Poder Legislativo se comprometió a hacer una revisión seria de acuerdo a los estándares de protección de los derechos humanos.

De igual manera, la CONAVIM y el Grupo de Trabajo están obligados a medir el avance a través de los indicadores que el Informe estableció para el cumplimiento de lo que está generando el agravio a las violaciones a los derechos de las mujeres. Si bien se establecieron diversas acciones y recomendaciones las medidas torales son:

  • El Poder Ejecutivo deberá elaborar y publicar en la Gaceta Oficial el Programa Estatal de Interrupción Legal del Embarazo, acorde a los estándares internacionales en la materia.
  • El Poder Legislativo deberá realizar la “Presentación y aprobación de la iniciativa de reforma al Código Penal para poner fin a la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo.
  • El Poder Judicial deberá presentar el Diagnóstico de los casos revisados con perspectiva de género.

Ante la posibilidad de  poder revertir y poner fin a la continuidad de los embarazos forzados a niñas producto de violación; la Interrupción Legal del Embarazo por las causales de Salud; la garantía de la justicia social que impide que las mujeres pobres puedan interrumpir su embarazo en la Ciudad de México en las primeras semanas y evitar que sigan poniendo en riesgo su vida, como lo han evitado  más de 400 mujeres veracruzanas que pudieron viajar  para interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas, evitando mayores riesgos para su vida y su salud.

En ese sentido, el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres; el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (RedTDT)  exhortamos a la autoridad estatal a:

–              Garantizar la no repetición de hechos que violentan la salud reproductiva de las mujeres, poniéndolas incluso en riesgo de muerte.

–              Asumir la responsabilidad ética como servidores públicos ponderando el ejercicio y garantía de los derechos de las mujeres.

Como Organizaciones No Gubernamentales estaremos atentas de que se de un cumplimiento cabal a las recomendaciones emitidas por la CONAVIM bajo el amparo al artículo primero constitucional, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  y la Ley General de Víctimas.

 

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