Published On: Lun, Ago 7th, 2017

FNLS EXIGE LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Sierra de Zongolica y sus Valles a 7 de agosto de 2017

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES INDEPENDIENTES

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL PUEBLO EN GENERAL

La exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos no debe tener descanso, porque con cada día que pasa la lista de detenidos desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente aumenta de forma exponencial, lo           que significa la expresión del binomio represivo que desangra considerablemente a las masas trabajadoras, por lo tanto, en el marco de la conmemoración del Día internacional del detenido desaparecido el próximo 30 de agosto, es necesario mantener la denuncia de estos crímenes de lesa humanidad que son parte de la política del terrorismo de Estado.

La represión que se ejerce en la entidad es la manifestación concreta de lo que acontece en el resto del país, donde las fosas clandestinas son una constante en todo el territorio nacional, la militarización en varias regiones en el estado de Veracruz y la instalación de retenes relámpagos en distintos puntos de la entidad, son la muestra clara de que la actual administración se conduce sobre los mismos estándares de la política gubernamental a nivel federal.

La ejecución sistemática de la política represiva tiene sus últimas consecuencias en la ejecución extrajudicial de luchadores sociales, como aconteció en el estado de puebla; el desalojo violento de profesores en Chiapas; la represión generalizada contra el normalismo rural en Tlaxcala, Michoacán, Chihuahua; y, la detención arbitraria de nuestros compañeros en Chiapas el pasado 29 de junio. En todo el país la represión es una política de Estado, independientemente de quién esté al frente del poder ejecutivo, la esencia es la misma.

El estado de Veracruz no es la excepción, los constantes retenes relámpago, la militarización y la ejecución de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo son una práctica que permanece inmutable en todas las administraciones locales. A casi un año del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas se incrementaron de manera alarmante a pesar de las promesas de campaña del actual mandatario de llevar la justicia a los veracruzanos.

La violencia institucional y el terrorismo de Estado como política es su forma de gobernar, no existe lugar en esta entidad federativa que no sea trastocada por esta política deleznable, que pone al ser humano como una piltrafa; con el ardid de un combate a la corrupción de su antecesor Duarte de Ochoa, deslinda a su gobierno del cometido de cientos de crímenes de lesa humanidad.

El pueblo veracruzano sabe muy bien que los retenes relámpagos son para generar un ambiente de miedo y zozobra, ahí donde hay presencia de los cuerpos policíaco-militares se incrementan las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, no son para proteger al pueblo sino para cometer crímenes de Estado y generar el terror. Todos estos crímenes tienen su esencia económica cuya responsabilidad es del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal, en contubernio con el capital monopolista trasnacional.

El exgobernador Javier Duarte es extraditado a México, sin embargo, los cargos que se le imputan no son por las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidos contra el pueblo durante su gobierno, por lo que este acto más parece un teatro para desvirtuar la atención del pueblo, se muestra una aparente preocupación por el desvío de recurso y las propiedades que tienen, pero no tocan el tema de las desapariciones forzadas, como si no existieran, se les condena al anonimato, pese a que son inocultables para todo el pueblo, por ser un crimen que lacera sus familiares, amigos y compañeros de lucha.

Resulta un absurdo y una ofensa a la inteligencia del pueblo el hecho de que la tesis fundamental de la defensa jurídica de un criminal de Estado se le pretenda estructurar desde una perspectiva patológica; este hecho significa una cortina de humo para tergiversar los acontecimientos ante la opinión popular, en declaraciones se hace alarde del desfalco económico de las arcas públicas, pero respecto a los crímenes de lesa humanidad no se tocan en lo absoluto.

Desde el hallazgo de la fosa más grande de Latinoamérica en colinas de Santa Fe hasta la fecha no se da una información precisa de quienes son las personas que fueron ejecutadas  e inhumanas en tan lamentables condiciones, las denuncias sostienen que sólo ocho personas fueron ya identificadas, lo que comprueba la condición antipopular de quienes gobiernan, porque no sienten el más mínimo escozor por tener restos humanos amontonados sin ninguna consideración.

A la actual administración no le interesa detener el clima de violencia, sus declaraciones versan en combatir la “corrupción”, pero en cuanto a la política de terrorismo de Estado no menciona nada, al contrario permite que los cuerpos castrenses actúen conforme a su lógica de detener a toda persona que les perezca “sospechosa”, con lo que se expresa la manifestación de su condición antipopular, profascista y represiva.

Para el Estado mexicano los “sospechosos”, los “delincuentes” son el pueblo que está organizado y no organizado, es el pueblo trabajador que día con día se gana el sustento para su familia con su fuerza de trabajo y por pertenecer a la clase explotada es sometida a este flagelo inhumano.

El descomunal despliegue policíaco no impide que los cuerpos de víctimas de esta política criminal se dejen en plena luz del día y lo más perverso de esta política es que “abandonan” durante varias horas en las avenidas para que el pueblo los vea y con ello genere el terror en la población, no es un simple “descuido” es una política que se apega a los manuales de contrainsurgencia del imperialismo norteamericano.

Todo esto acontece aunado a la pobreza y miseria en las poblaciones rurales circunvecinas, la migración por hambre y la violencia institucional es cada vez más intensa para buscar mejorar las condiciones de vida, lo que expresa el desplazamiento forzado de los lugares de origen; los efectos del desplazamiento se muestra con mayor crudeza en las regiones donde hay intereses de empresas extranjeras, situación que manifiesta la relación del poder económico con el poder político.

Los proyectos de empresas trasnacionales diseñados para esta región son el puntal de la política de despojo, entre ellos, hidroeléctricos, distribuidores viales para el flujo de mercancías… que es la explicación de la esencia económica de la violencia de Estado, porque con ellos se pretende crear las condiciones para el abandono de las tierras donde subyace la riqueza energética y natural.

Ante estas condiciones lo que nos queda como pueblo trabajador es la organización popular, la denuncia permanente de los responsables de la política del terrorismo de Estado, los cuales visten de casaca militar y policíaca, cuya cadena de mando conduce a los ejecutivos estatales y el federal; no son hechos circunstanciales los cientos de crímenes de lesa humanidad que se intentan presentar como parte de la confrontación entre delincuentes, por lo que es una necesidad encontrar en cada uno de ellos a un elemento del pueblo trabajador.

Fraternalmente

¡Por la unidad obrero, campesina, indígena y popular!

¡Exigimos la presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!

¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!

¡Juicio y castigo a los responsables de los crímenes cometidos contra nuestros compañeros Héctor Sántiz López y Humberto Morales Sántiz!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 

 

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