Published On: Vie, Jul 13th, 2012
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LOS MEDIOS Y LA IMPUGNACIÓN DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2012

Homozapping

Escrito por Jenaro Villamil

No se extrañe si usted escucha en todas las estaciones de radio un mensaje grabado y patrocinado por el SITATYR (el sindicato de trabajadores de la radiodifusión) en el que acusan al candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, de no respetar los resultados de la elección y el triunfo del candidato priista Enrique Peña Nieto. El dirigente de este sindicato Patricio Flores llegará a la Cámara de Diputados como legislador plurinominal por la lista del PRI. La filiación tricolor de este sindicato que domina la mayoría de los medios concesionados no se aclara nunca.

Como este ejemplo, muchos otros surgirán en los próximos días para contrarrestar el proceso de impugnación legal que anunció el jueves 12 de julio el ex jefe de Gobierno capitalino y dos veces candidato presidencial. López Obrador está demandándole al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidar la elección presidencial (no todo el proceso electoral federal) a partir de siete causales. Una de ellas es precisamente la inequidad en los medios masivos de comunicación y la adquisición de espacios de publicidad encubierta, conocida eufemísticamente como “desplazamiento del producto”.

La impugnación de López Obrador fue anunciada desde el 2 de julio, un día después de la jornada electoral federal. La mayoría de los comentaristas en medios electrónicos, particularmente los alineados con Grupo Televisa y TV Azteca, se apresuraron a decir que el tabasqueño violaba así el “pacto de civilidad” que se firmó  en el IFE tres días antes de la elección, junto con los otros candidatos presidenciales.

Para la mayoría de los analistas y comentaristas que le reclaman su actitud a la coalición Movimiento Progresista, que quedó en segundo lugar con una diferencia de 6.5 puntos frente a la coalición del PRI-PVEM, no son violatorias de un pacto de civilidad la compra y coacción del voto, ampliamente documentada por medios impresos y electrónicos, nacionales y extranjeros. El #SorianaGate y lo que ya se configura como el #MonexGate constituyen la contraparte más dramática de esta arraigada cultura política de convertir al votante en una clientela y al sufragio en una mercancía. Para estos comentaristas, esto no viola el “pacto de civilidad”. En cambio, impugnar un proceso viciado sí es “incivilizado”, por decir lo menos.

“Todo es un montaje” ha insistido con una cara dura difícil de creerle el candidato presidencial ganador en el conteo distrital, Enrique Peña Nieto. Lo dijo en una entrevista ante la cadena de televisión británica BBC, lo repitió en conferencia de prensa y lo volvió a reiterar en una entrevista de este 13 de julio con La Jornada, aunque aquí el mexiquense ya tuvo que matizar.

“Hemos descalificado y negado categóricamente esos infundios (la compra de votos) y señalamientos sin sustento. Las empresas proveedoras de servicios han explicado, en el caso de las tarjetas Soriana, que han otorgado servicios a varios gobiernos, incluidos el del Distrito Federal.

“Es tanto como afirmar que con el programa Oportunidades hay compra o coacción del voto porque llega a más de 6 millones de personas y que el gobierno federal lo usó para manipular y comprar sufragios a favor del PAN. Si hubiera sido así, entonces le falló. O que en el Distrito Federal se hizo con la Red Angel”, argumentó Peña Nieto.

La defensa del candidato presidencial priista es fallida. Los testimonios sobre la compra de votos no fueron producidos por Pedro Torres ni forman parte de un reality. Son múltiples los testimonios en el Estado de México, en Veracruz, en Yucatán y en Quintana Roo de que hubo cientos de operadores que les pagaron a promotores para garantizar un tope de votos necesarios para un triunfo holgado. El problema es que la victoria en las urnas no rebasó los 10 puntos, tal como lo promovieron también las encuestadoras y los medios que lo acompañaron.

En todo caso, si el PRI y el PVEM tienen elementos de que el PRD-PT-MC y de que el PAN también utilizaron las tarjetas de descuento o los programas sociales para coaccionar el voto, sería muy sano que presentaran la impugnación ante el TEPJF. Insistir ante los medios masivos de que todo se trata de un “montaje” y que hasta Felipe Calderón ha sido “engañado” por López Obrador sólo genera una reacción de malestar ciudadano muy alto porque el cinismo no puede sostenerse como si fuera un spot.

El Rebase de Topes de Gastos

La impugnación que anunció López Obrador y su equipo, encabezados por Ricardo Monreal y el ex consejero del IFE, Jaime Cárdenas, consta de siete ejes. La mayoría están orientados a documentar el punto más delicado de toda la contienda presidencial: el presunto rebase de tope de gastos de campaña que se fijó en 336 millones de pesos.

La coalición de izquierdas calcula que el monto real de lo invertido fue superior a los 1,807 millones de pesos, es decir, 6 veces más que el tope. La impugnación acusa a la Unidad de Fiscalización del IFE no haber resuelto 12 quejas presentadas por rebase de topes de gastos.

En el extenso documento de más de 400 cuartillas la coalición de López Obrador detalla como “agravios” centrales los siguientes: la adquisición encubierta en tiempos de radio y televisión; inequidad de la elección por rebase de topes de campaña presidencial; financiamiento encubierto en la campaña de Peña Nieto –citan el caso de Frontera Television Networks, de José Aquino, ciudadano mexicano-norteamericano que presentó una demanda por fraude ante la corte de Los Angeles por 56 millones de dólares-; y las encuestas como medio de propaganda y presión de electores.

Entre algunas de las pruebas presentadas se encuentran el contrato de Aquino; el costo de las encuestas divulgadas en medios que presuntamente superó el tope de gastos; 300 videos y una serie de cálculos sobre el costo real de la producción de spots y de los espectaculares que inundaron el país.

AMLO “Mal Perdedor”

La respuesta del PRI se dio el mismo día y fue consignada por todos los medios como contrapunto a la conferencia de prensa convocada por López Obrador. El dirigente nacional del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, acusó al perredista de “mal perdedor”, lo acusó de desconocer su palabra firmada en el Pacto de Civilidad, de pasar por alto la reforma electoral del 2007, los monitoreos en medios de comunicación y hasta el reconocimiento de los observadores internacionales.

“Lo que no reconoce el candidato perdedor es que fue un candidato menos competitivo que hace seis años. Entonces ganó en 16 estados del país, ahora sólo pudo triunfar en 8. En 2006 ganó en tres circunscripciones, ahora sólo en una. En 2006 fue el puntero durante gran parte de la campaña y acabó perdiendo por una diferencia de 233 mil votos. En 2012 jamás consiguió ser el puntero y terminó por debajo del ganador por 3 millones 329 mil votos”, argumentó Joaquín Coldwell.

El balance entre el López Obrador del 2006 y el del 2012 es muy claro. Sin embargo, el PRI orienta su respuesta ante la impugnación personalizando el conflicto. Tal parece que el problema es López Obrador como “mal perdedor” y no los múltiples indicios de irregularidades, de compra y coacción del voto, de despilfarro en las entidades donde gobiernan.

¿Cómo le harán el PRI y su candidato Enrique Peña Nieto para otorgarle credibilidad a un triunfo que ha sido señalado por la mayoría de los medios de comunicación, pero que no han logrado diluir ni mucho menos desmentir las irregularidades y violaciones a lo que establece el artículo 41 de la constitución?

Este es el problema. No López Obrador. No los que votaron en contra de Peña Nieto. No el movimiento #YoSoy132. No las declaraciones de Felipe Calderón. El problema es la calidad de una elección cuestionada.