Published On: Jue, Jul 12th, 2012
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LÓPEZ OBRADOR: FUE VIOLADA LA CONSTITUCIÓN Y DEBE INVALIDARSE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Anunció el Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México

  • Hoy mismo, dentro del plazo de ley, se presentó el juicio de inconformidad
  • El gasto de más de 4 mil millones de pesos provocó inequidad en la competencia
  • La lucha, apegada a derecho; llamó a no permitir que se cancele la vía democrática

Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista a la Presidencia de la República, acusó a “la minoría que domina al país, de imponer a Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República”, con diversas acciones violatorias de la Constitución, particularmente del artículo 4, que señala que las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo deben ser libres.

El candidato ofreció una conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, en la que estuvo acompañado por los dirigentes de los partidos que integraron la coalición Movimiento Progresista: Luis Walton, de Movimiento Ciudadano; Jesús Zambrano, del PRD y Alberto Anaya, del PT.

El informe de AMLO a los medios fue preciso en la relación de violaciones, inequidades y abusos, como la reunión privada celebrada el pasado 12 de junio en la Casa de Gobierno en Toluca, Estado de México, y en la que 16 gobernadores priistas acordaron aportar cuotas de votos a favor de Enrique Peña Nieto.

“Estuvieron alineados los gobernadores del PRI”, comentó López Obrador.

Enumeró el candidato de las fuerzas progresistas: cheques, miles de millones de pesos en efectivo, tarjetas de prepago, despensas, materiales de construcción y otras dádivas, spots publicitarios y encuestas hechas a modo, todo ello “rebasó con creces los topes a los gastos de campaña”.

Además estuvo el operativo de compra de votos, montado antes y durante la elección prácticamente en todo el país, pero sobre todo en las zonas rurales, donde la necesidad de la gente es mayor, y en donde esta vez se registraron votaciones atípicas comparadas con las de otros años, agregó.

Las pruebas y testimonios en poder del Movimiento Progresista, que acompañarán la demanda de invalidez, dijo Andrés Manuel, permiten sostener que se compraron aproximadamente cinco millones de votos. De ellos, solamente el Estado de México, Veracruz y Chiapas, aportaron dos millones de sufragios comprados.

La coalición Movimiento Progresista demostrará documentalmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federaciónque en la campaña de Enrique Peña Nieto el PRI gastó casi 4 mil 600 millones de pesos, cifra muy superior al tope que se le había fijado a cada candidato, de 336 millones.

En otra parte de la conferencia, López Obrador refirió que en las 902 casillas llamadas “especiales”, instaladas en todo el país, se votó en libertad y los resultados fueron diferentes: 27.8 por ciento votó por Josefina Vázquez Mota; 28.1 por ciento por Enrique Peña Nieto; 41 por ciento por el candidato presidencial de Movimiento Progresista y 1.6 por ciento por el candidato de Nueva Alianza, Gabriel Quadri.

Por todo lo anterior y en los términos señalados por la ley, manifestó Andrés Manuel, el Movimiento Progresista presentará el juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial.

Después de llamar “a todos los mexicanos” a no permitir que se viole la Constitución ni que se cancele la vía democrática, Andrés Manuel anunció que la semana próxima dará a conocer el Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México.

“Siempre actuaremos por la vía pacífica, para que los violentos no nos acusen de “violentos, pero no aceptamos que la corrupción domine la vida nacional”, concluyó.

Después de la intervención de López Obrador, y al describir el procedimiento que se seguirá, quien fuera coordinador de la campaña de López Obrador, el senador zacatecano Ricardo Monreal, dijo que la demanda se presentará bajo protesta, porque ni el IFE ni la Fiscalía Especial Para Delitos Electorales (FEPADE) han resuelto las denuncias penales que le han presentado sobre irregularidades y violaciones graves en el proceso electoral.